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Anteproyecto de Ley de Viviendas Rurales Sostenibles

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó este pasado lunes 9 de julio el Anteproyecto de Ley de Viviendas Rurales Sostenibles, que permitie a los madrileños se puedan construir una casa en las fincas rurales que no se encuentren en terrenos protegidos por la legislación sectorial y que tengan un mínimo de seis hectáreas

La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, ha explicado que con esta ley se facilita a los madrileños que "puedan disponer de una vivienda en el campo con todas las garantías de sostenibilidad", y se procura "que se fijen las poblaciones locales y se consolide la población rural".

Construcciones aisladas en Monteagudillo (Robledo de Chavela) - Construcciones aisladas en Monteagudillo (Robledo de Chavela) -

 En este sentido, ha apuntado que estudios que tiene la Consejería que dirige dicen que "hay una demanda real, potencial de este tipo de suelos" y que un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) "recoge que en la Comunidad de Madrid existe una tendencia a la desconcentración residencial con flujos hacia la periferia" y que en el año 2016, el 13 por ciento de los residentes en la Comunidad habrán buscado vivir en otros ámbitos, sobre todo, fuera de Madrid y de la corona metropolitana y núcleos urbanos.

Con esta ley también se busca "revitalizar las zonas desde el punto económico y demográfico" y "consolidará el equilibrio territorial al contrarrestar el éxodo rural", lo que ayudará a la residencia de los jóvenes en los núcleos rurales. Los requisitos contemplados para poder disfrutar de una vivienda rural de estas características pasan por que la superficie mínima de la parcela exigida sea de seis hectáreas; que la altura máxima sea de 3,5 metros y una planta; o que la distancia mínima entre dos viviendas sea de 250 metros.

Mariño ha insistido en que esta Ley permite construir en el campo, pero "no en lugares de alto valor ecológico y protegidos por ley sectorial", por lo que no se podrá construir en lugares como el Hayedo de Montejo o Parques Regionales, Reservas de la Biosfera o espacios incluidos en la Red Natura 2000.

APAF-Madrid, asociación de Agentes Forestales de la Comunidad, se pregunta si existe realmente una amplia demanda de vivienda rural en terreno rústico. "Desconocemos esta posibilidad. Pero sí podemos contestar que si existe tampoco se ha tenido en cuenta. Es decir, esta norma, que permite la construcción de viviendas allá donde se acumulen más de 6 hectáreas por propietario, dará salida a la petición de unos pocos". Consideran que La Ley de Viviendas Rurales Sostenibles es un capricho. "Finalmente, pasado el tiempo, como tantas veces ocurre, será la puerta para destrozar el monte madrileño. Poner la limitación de hectáreas descalifica la norma. Si de proteger se tratara no habría necesidad de publicarla. Queda clara la intención."

APAF-Madrid: "Será la puerta para destrozar el monte madrileño. Poner la limitación de hectáreas descalifica la norma. Si de proteger se tratara no habría necesidad de publicarla. Queda clara la intención."

Con esta ley también se busca "revitalizar las zonas desde el punto económico y demográfico" y "consolidará el equilibrio territorial al contrarrestar el éxodo rural"

Los requisitos contemplan que la superficie mínima de la parcela exigida sea de 6 Ha., que la altura máxima sea de 3,5 metros y una planta y que la distancia mínima entre dos viviendas sea de 250 metros.

APAF-Madrid vaticina "Las quejas de aquellos que construirán en medio del monte. La imagen ya está vista muchas veces. Las llamas pasarán por encima y el propietario de la vivienda rural sostenible en superficie de más de 6 hectáreas contará al reportero que esto no puede ser, que adónde vamos a llegar con tanto pino, con tanta vegetación rodeando mi casa. No querrá entender que él es el invasor, por mucha propiedad que crea tener".

La construcción de viviendas, sólo una casa unifamiliar por parcela, deberá estar basada en conceptos de sostenibilidad. Además, tienen que ser edificaciones de una sola planta que no modifiquen la rasante natural del terreno y realizarse con el menor impacto visual posible. También se deberá preservar el arbolado de las parcelas y compensar con especies autóctonas a razón de tantos ejemplares adultos como años tuviera el ejemplar trasplantado.

Asimismo, los propietarios estarán obligados a realidad a su costa la totalidad de las obras de acondicionamiento e instalaciones, así como a garantizar la sostenibilidad de su vivienda, sin instalaciones previas que supongan una carga económica para las administraciones. De hecho, no podrán exigir ni a la Comunidad ni a los ayuntamientos ningún tipo de inversión relacionada con el suministro de agua, luz, gas, recogida de basuras o accesos, que deberán correr a su costa. Estas obligaciones deberán constar en la inscripción registral de estas fincas en el registro de la Propiedad.

Los propietarios estarán obligados a realidad a su costa la totalidad de las obras de acondicionamiento e instalaciones, así como a garantizar la sostenibilidad de su vivienda, sin instalaciones previas que supongan una carga económica para las administraciones

El Tribunal Constitucional en su Auto 287/1999 se pronuncia de forma jurídicamente generalizada a favor de la primacía de la protección de los recursos biológicos naturales

El propietario se deberá preservar el arbolado de las parcelas y compensar con especies autóctonas a razón de tantos ejemplares adultos como años tuviera el ejemplar trasplantado

 En Auto del Tribunal Constitucional 287/1999 se expresa que existe ya una doctrina muy amplia y reiterada del Tribunal Constitucional en relación a casos en los que los intereses públicos y privados chocan en lo medioambiental, precisando que, según dicha doctrina, "no cabe derivar de la Constitución la tesis de que toda medida de ordenación legal de los recursos naturales deba atender prioritariamente al criterio de evitar cualquier sacrificio no imprescindible de los derechos e intereses patrimoniales de carácter individual (ATC 101/1993, FJ 2) y concluye pronunciándose de forma jurídicamente generalizada a favor de la primacía de la protección de los recursos biológicos naturales, dada su fragilidad y la irreparabilidad de los perjuicios que se podrían producir en caso de perturbación de los mismos (ATC 674/1984, 1270/1988, 101/1993, 243/1993, 46/1994 y 225/1995, entre otros)" (ATC 287/1999, FJ 3).

 

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